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Yucatán, la paz violenta: pobreza y tortura

Carta abierta a las

Señoras y señores participantes en la 12a CONFERENCIA INTERNACIONAL DE INSTITUCIONES NACIONALES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Bienvenidas, bienvenidos a Yucatán, un estado mayoritariamente maya, en el que se regatea al pueblo originario el reconocimiento de sus derechos y se le despoja de su tierra y territorio a través de procesos abusivos de especulación favorecidos por los propios gobiernos.

Los anfitriones locales de la reunión que les convoca se han apresurado a alardear y publicitar que se eligió Yucatán por sus índices de seguridad y por ser un referente nacional en derechos humanos.

Es inaceptable que el gobierno local alardee cuando permanecen impunes casos de tortura en Yucatán que incluso han llegado a privar de la vida a las víctimas (recomendación 7/2014 Codhey) y cuando se han requerido amparos para obligar a que continúen investigaciones sobre tortura que el gobierno se empeña en cerrar (Caso Roberth Tzab). Cuando la propia Comisión de Derechos Humanos de Yucatán se mostró satisfecha por el simple cambio de zona de policías que golpearon y simularon una violación contra un joven detenido. La propia Comisión de Derechos Humanos está acusada de un grave caso de corrupción al haber falsificado firmas y alterado documentos.

La tortura en Yucatán es sistémica, naturalizada, encubierta. Lamentablemente es también trivializada y encubierta por la propia Comisión de Derechos Humanos de Yucatán.

Yucatán es uno de los estados con mayor desnutrición infantil, con mayor desigualdad, con los peores salarios del país, con condiciones laborales de explotación, uno de los estados con mayor índice violencia contra las mujeres al interior del hogar, un estado que ni siquiera se atreve a reconocer los feminicidios como tales y uno de los estados con mayor número de crímenes de odio por homofobia.

En este marco, la “declaración de Mérida” que emitan tendrá como testigo a un pueblo que vive en la práctica una situación de ocupación al no tener plenamente reconocidos sus derechos y al verse despojado de su tierra y ver amenazadas incluso sus semillas; al no tener acceso al disfrute de sus propios recursos naturales y mirar cómo el gobierno, sin consultarle, permite a empresas como Monsanto poner en riesgo la vida.

* Precisamente en las próximas semanas la Corte conocerá los amparos impulsados por los propios pueblos en contra del permiso otorgado a Monsanto para sembrar soya transgénica.

Mérida T’Jo Yucatán, 9 de octubre de 2015

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