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Ebulá exige reparación ante la justicia

Por la vía del amparo, San Antonio Ebulá exige al gobierno de Campeche reparación del daño por la destrucción, desalojo y desplazamiento forzado de que fue víctima en agosto de 2009, cuando el señor Eduardo Escalante destruyó sus viviendas y sus propiedades arrogándose la propiedad de esa tierra y protegido por las autoridades. El día de hoy, el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Campeche admitió el amparo.

El gobierno de Campeche, mañosamente, en un acuerdo que incumplía obligaciones internacionales en materia de desplazamiento forzado, después de la destrucción del poblado y por las protestas de las familias agraviadas, en septiembre de 2009 ofreció 31 hectáreas para reubicar el poblado pero condicionó la reparación del daño al proceso penal y, al mismo tiempo, se encargó de que la denuncia penal no procediera. Renato Sales, como procurador, avaló la impunidad en el caso de Ebulá, cerró el caso e impidió la reparación de los daños y el resarcimiento en uno de los caso más graves de desplazamiento forzado.

El caso, cuyo litigio agrario continúa, se ha presentado ya ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se presentó también en una preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México, cuya sentencia final hace referencia a este grave caso.

El pasado 6 de octubre, pobladores de San Antonio Ebulá exigieron por escrito al Gobierno de Campeche que cumpla sus obligaciones en materia de reparación a víctimas de desplazamiento forzado establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos tratados internacionales en la materia. El Gobierno de Campeche no dio respuesta y, en su lugar, el Subsecretario “B” de ese gobierno, quien no está facultado para atender ese tipo de solicitudes, respondió de manera evasiva, sin atender a lo exigido. Esta simulación de respuesta es una negativa implícita y una prueba del desinterés de las autoridades de Campeche por atender un caso de esta magnitud.

El 13 de agosto de 2009, un grupo de cerca de cien personas entró violentamente al pueblo, resguardado por elementos de la Policía Estatal Preventiva de Campeche. Era el tercer intento de desalojo y en esa ocasión destruyeron todo. Las viviendas fueron destruidas y quemadas por el grupo de parapolicías contratados por el empresario Eduardo Escalante. Setenta y seis familias fueron desplazadas violentamente.

A pesar de las denuncias interpuestas por las personas desplazadas, a pesar de la gravedad del caso, el desalojo se ha mantenido impune y las familias agraviadas no han recibido reparación ni garantías de no repetición. Durante la averiguación previa el Ministerio Público ni siquiera citó a declarar al señor Eduardo Escalante a pesar de ser señalado por los pobladores y por la empresa que realizó la destrucción como la persona que los contrató. El Procurador Renato Sales cerró la averiguación y mantuvo impune el caso.

El gobierno de Campeche incumplió con las obligaciones en materia de desplazamiento forzado. Conforme al derecho internacional de los derechos humanos, los Estados deben adoptar medidas inmediatas para salvaguardar la vida e integridad de las personas que son desplazadas de manera forzada por actos de violencia, sea cual sea su naturaleza, lo cual evidentemente no hizo el gobierno en su momento pero, además, ha mantenido su protección al agresor y regateado a las familias desplazadas y reubicadas el cumplimiento de sus obligaciones.

Garantizar el derecho a la vivienda, derecho humano de por sí indispensable, adquiere mayor urgencia en casos como el de San Antonio Ebulá, que fueron reubicados. Las y los desplazados se han establecido en lo que hoy se conoce como Nuevo San Antonio Ebulá, debiendo concentrar sus esfuerzos económicos en la construcción de nuevas casas, muchas de las cuales aún no han podido ser terminadas. Las personas que han logrado levantar nuevas viviendas no han podido hacerlo en las mismas condiciones que poseían sus casas anteriores, debido al retroceso provocado por el desplazamiento en el patrimonio familiar acumulado a lo largo de los años.

Urgimos al Poder Judicial Federal atender la demanda presentada por las y los pobladores de San Antonio Ebulá bajo los más altos estándares en materia de reparación. Asimismo, exigimos al Gobierno de Campeche asumir su responsabilidad y garantizar la pronta reparación y la justicia en el caso.

 

EbulaAcusa4años

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