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Fiscalía yucateca, obligada a responder ante justicia federal por caso de Robert Tzab: se admite un amparo

Indignación Clausura la Procuraduría de Justicia

Nueve meses después de la fatal detención de Robert Tzab Ek, quien falleció en la cárcel de la Procuraduría General de Justicia de Tekax en circunstancias que obligan a sospechar tortura, la ahora Fiscalía General del estado tendrá que responder ante la justicia federal.

El Juzgado Tercero de Distrito con sede en el estado de Yucatán admitió una demanda de amparo presentada precisamente por las graves omisiones en las que ha incurrido la Fiscalía, que ha incumplido su obligación de garantizar una investigación independiente, efectiva e imparcial. Los representantes legales de los familiares de Robert Tzab presentaron dicho amparo por la violación al derecho de acceso a la justicia.

Robert Tzab fue detenido en Oxkutzkab en la madrugada del día 17 de agosto de 2010 por agredir a su esposa y fue presentado públicamente por la entonces Procuraduría General de Justicia del estado. Distintos medios de prensa publicaron una fotografía en la que se ve de pie al señor Tzab, cuyo aspecto no es de gravedad o debilidad.

Sin embargo, el día 19 se encontró su cuerpo sin vida en los separos de la Policía Judicial del estado con sede en Tekax, en circunstancias que obligan a sospechar tortura pero que de manera indudable implican responsabilidad directa de los encargados de garantizar la seguridad de las y los detenidos, en este caso, las funcionarias y funcionarios de la citada agencia décimo segunda del ministerio público con sede en Tekax.

La muerte de Roberth Tzab, a pesar de que hoy se cumplen nueve meses de su fatal detención, permanece impune.

El día 21 de agosto de 2010, familiares de Robert Tzab presentaron la formal denuncia contra quien resulte responsable. Dos meses después, el expediente no mostraba avances en la investigación para determinar la participación de quienes, por acción o por omisión, fuesen responsables.

A partir de entonces la representación social ha impedido el acceso al expediente a los familiares y sus representantes legales.

Por su parte, y a pesar de que se le ha solicitado expresamente, el hoy Fiscal General del estado ha omitido atraer la investigación a una agencia del Ministerio Público de la ciudad de Mérida, ante la evidente falta de independencia e imparcialidad que representa el hecho de que esté investigando la misma agencia donde sucedieron los hechos.

Ante la insistencia, tanto del equipo Indignación, como de vecinas y vecinos de Ticul que han exigido justicia por el fallecimiento de Robert, el gobierno del estado ha respondido con el silencio.

Fundamentalmente son dos las violaciones que se reclaman en el amparo:

A)   La dilación en la investigación de los hechos por parte de la agencia décimo segunda con sede en Tekax, Yucatán, pues hasta donde este Equipo de Derechos Humanos pudo verificar antes de la sistemática negativa del Ministerio Público para dar acceso al expediente, la fiscalía había omitido actuaciones indispensables para acreditar los hechos, como la declaración de los agentes que participaron en su detención, traslado o custodia. Los nueve meses que ya han transcurrido implican dilación en la procuración de justicia, dilación particularmente grave cuando se trata de casos en los que, como el de Robert Tzab, pudiesen haberse cometido actos de tortura que le causaron la muerte;

B)   La violación a los principios de imparcialidad e independencia que una investigación por hechos tan graves debe contener. El hecho de que sea la misma agencia del Ministerio Público con sede en Tekax, en cuyos separos murió Robert Tzab, la misma que esté realizando las investigaciones por dicho fallecimiento, contradice las mínimas garantías de acceso a la justicia que establece la Constitución y los Principales Tratados para prevenir, sancionar, investigar y erradicar la tortura.

Cabe resaltar que, entre otras tantas obligaciones y directrices que el Estado debe seguir para la investigación de casos en los que hay indicios de tortura y/o en aquellos fallecimientos ocurridos en cárceles o separos, existe una fundamental: que la investigación la efectúe un órgano independiente e imparcial. Así nos lo recuerda el informe Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas crueles, inhumanos o degradantes, que, en su informe sobre su visita a México, hecho público el 31 de mayo de 2010, entre otras cosas recomendó:

“Los Estados velarán porque se investigue con prontitud y efectividad las quejas o denuncias de tortura o malos tratos. Incluso cuando no exista denuncia expresa, deberá iniciarse una investigación si existen otros indicios de que puede haberse cometido un acto de tortura o malos tratos. Los investigadores, que serán independientes de los presuntos autores y del organismo a que estos pertenezcan, serán competentes e imparciales. Tendrán autoridad para encomendar investigaciones a expertos imparciales médicos o de otro tipo. Los métodos utilizados para llevar a cabo estas investigaciones tendrán el máximo nivel profesional y sus conclusiones se harán públicas”

La falta de imparcialidad en la investigación por parte de la Fiscalía General en un caso tan grave, en el que existe responsabilidad directa de funcionarios públicos adscritos a esa dependencia, ahonda el clima de impunidad que se vive en la entidad en casos similares.

Esta impunidad se refuerza también por la pasividad de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, que a 9 meses de sucedidos los hechos, no ha emitido la recomendación correspondiente, a pesar de que su propia ley la obliga a investigar y emitir una resolución en un plazo no mayor de 4 meses cuando se trata de graves violaciones a derechos humanos.

Sin lugar a duda, Yucatán carece de condiciones adecuadas para garantizar el acceso a la justicia en casos de presunta tortura, obligación que es todavía mayor cuando los presuntos responsables, por acción u omisión, son quienes en la práctica tendrían la obligación de garantizar el acceso a la justicia de las y los ciudadanos.

 

One thought on “Fiscalía yucateca, obligada a responder ante justicia federal por caso de Robert Tzab: se admite un amparo

  1. Asì como estamos en Yucatàn y con el gobierno que tenemos, no creeo que sea imposible pero si dificil que se haga justicia. Si no se “suelta” mucho dinero no se va avanzar, lo se por experiencia.

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