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Agravios contra Ebulá son informados ante organismos internacionales

Comunicado del equipo Indignación

Organismos internacionales de derechos humanos fueron informados de la violenta expulsión de los pobladores de San Antonio Ebulá, de la destrucción de todas sus viviendas, sus pertenencias y sus recursos forestales por parte de cuerpos parapolicíacos al servicio del empresario Eduardo Escalante, protegidos por el Gobierno de Campeche.
El Relator de pueblos indígenas, la relatora sobre vivienda, así como el representante en México de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, todos de Naciones Unidas, recibieron el informe preliminar elaborado por el equipo Indignación –una versión actualizada al 17 de agosto–, que da cuenta de los hechos, de algunos antecedentes, de los derechos violados y de la responsabilidad del gobierno del estado de Campeche.
El equipo Indignación informó lo anterior hoy a las y los pobladores de San Antonio Ebulá, que se mantienen en plantón permanente en los bajos del Palacio de Gobierno de Campeche, durante un taller con los agraviados para conocer y comentar el informe elaborado por Indignación. Además se informó que el representante en México de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos acusó recibo inmediatamente del documento enviado y expresó que le estará dando seguimiento.
Amnistía Internacional y la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, que agrupa a más de 60 organizaciones de derechos humanos, también han sido informadas del caso de San Antonio Ebulá.
El gobierno del estado de Campeche, en distintas reuniones celebradas con representantes de los agraviados, continúa sin admitir la comisión de delitos contra las y los pobladores e insiste en su incompetencia bajo el argumento de que es un problema entre particulares.
En el taller realizado en la explanada en los bajos de la sede del ejecutivo campechano, las y los pobladores informaron que el gobierno ofrece apoyos en forma de láminas en lugar de reparación y resarcimiento de los daños ocasionados por el particular y por la inacción del gobierno.
El Estado es responsable de violar los derechos humanos por acción y por omisión, ya que tiene obligación de intervenir ante la comisión de ilícitos para proteger la integridad física y la propiedad de las personas y para garantizarles justicia mediante la sanción a los responsables y la reparación del daño.
La inacción del Gobierno en el caso de San Antonio Ebulá es aún más grave puesto que es un pueblo maya que tiene derecho a decidir sobre su territorio y que fue agredido, expulsado, despojado de todas sus pertenencias y, por lo tanto, de sus medios de subsistencia.
109 familias se encuentran actualmente desplazadas, con el riesgo que eso implica para la vida y la salud de los pobladores y, en particular, de los niños y niñas y de las personas mayores. El pueblo se mantiene ocupado y sitiado por los parapolicías al servicio del empresario Eduardo Escalante, quien se arroga la posesión de los terrenos en los que se encuentra San Antonio Ebulá, fundado desde hace más de 40 años.
Los pobladores han iniciado, desde entonces, innumerables recursos para obtener certeza legal sobre sus tierras y han enfrentado juicios agrarios, civiles y penales. Es atribuible al Estado mexicano, y no a los pobladores, la responsabilidad de no haber atendido cabalmente los distintos recursos legales presentados.
Ante las muestras que ha dado el gobierno del estado de Campeche de uso parcial de los recursos del Estado para proteger al agresor, el equipo Indignación TEME POR LA VIDA Y LA INTEGRIDAD FÍSICA de los pobladores de Ebulá y de las personas que los acompañan en la exigencia de sus derechos, quienes además están siendo hostigados mediante vigilancia permanente, seguimiento continuo y amenazas.
Indignación considera que el gobierno de Campeche está obligado a garantizar el retorno de los pobladores a sus tierras, iniciar una investigación de los hechos para sancionar tanto a los particulares como a funcionarios de gobierno responsables y a garantizar la reparación de los daños ocasionados.
Las omisiones del gobierno de Campeche sitúan a los pobladores, privados de su hogar, sus pertenencias y sus medios de subsistencia, en condiciones de emergencia que agravan la responsabilidad del gobierno en los hechos.
Este caso implica múltiples y graves delitos, algunos de ellos federales, como la destrucción de recursos forestales, así como la destrucción de una escuela perteneciente a la CONAFE con clave OHKPR0244Y, por lo que también deploramos la inacción del gobierno federal.

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