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San Antonio Ebulá, arrasado por parapolicías protegidos por Gobierno de Campeche

Ante el ataque perpetrado ayer 13 de agosto por cuerpos parapolicíacos protegidos por la Policía Preventiva del estado de Campeche contra el pueblo de San Antonio Ebulá, Campeche, cuyas casas fueron destruidas y sus habitantes agredidos y expulsados de su propia comunidad, el equipo Indignación presenta un informe preliminar de observación de derechos humanos.

En el informe, el equipo Indignación denuncia que el gobierno del estado de Campeche, al proteger a grupos parapolicíacos al servicio del empresario Eduardo Escalante, quien se arroga la posesión de las tierras en las que está asentado el pueblo de San Antonio Ebulá, viola gravemente por acción y por omisión los derechos a la integridad física, a la seguridad jurídica, a la propiedad y a la vivienda de los integrantes de ese pueblo maya, a quienes también conculca su derecho como pueblo indígena a decidir sobre su territorio.

A un día de los hechos, los pobladores de San Antonio Ebulá se encuentran en situación de desplazados, sin lugar dónde estar y sin poder acceder a la población, que está tomada por los cuerpos parapolicíacos contratados por una empresa de seguridad privada al Servicio del empresario Eduardo Escalante, suegro del fallecido ex secretario de gobernación federal Juan Camilo Muriño.

El gobierno del estado de Campeche está obligado a garantizar y proteger el reingreso de los ebulenses a su pueblo, a quienes deben restituírseles los daños materiales y morales que se les ha ocasionado, concluye Indignación en este informe preliminar de observación.

El gobierno del estado de Campeche también debe ofrecer garantías de no repetición de los hechos, lo que implica sancionar a los particulares que cometieron este ilícito y a los servidores públicos que los protegieron, incluyendo altos mandos de la policía y funcionarios del gobierno estatal.

Seis personas lesionadas, dos detenidas que fueron liberadas el mismo día y la pérdida completa de las viviendas y propiedades de los pobladores, incluyendo a sus animales, son algunos de los agravios cometidos ayer 13 de agosto contra los pobladores de Ebulá por cerca de cien parapolicías custodiados por alrededor de cien elementos de la Policía Estatal Preventiva, al mando del comandante Samuel Salgado, de acuerdo con testimonios de los pobladores.

El pueblo de San Antonio Ebulá se fundó desde 1968 y desde esa fecha los pobladores han estado realizando todas las gestiones necesarias para regularizar y tener certeza legal sobre sus tierras, sin haber sido atendidos cabalmente por las autoridades estatales y federales, quienes incluso han obstaculizado el proceso y los han amenazado.

Aunque oficialmente aparece como “predio conocido como San Antonio Ebulá”, se trata de un pueblo, con todos los derechos que eso implica.

Tan ha sido reconocido como pueblo por el propio gobierno, que al lugar acude regularmente una promotora de salud, algunos habitantes cuentan con programa de oportunidades, recientemente acudió Sedesol a ofrecerles pisos de cemento a 50 familias y sus habitantes tienen credencial de elector que exhiben como domicilio San Antonio Ebulá al menos desde 1991.

En 2007 se dio un operativo similar, en el que se destruyeron más de 20 casas de la población. Hubo un acuerdo de reubicación, pero los pobladores de Ebulá fueron trasladados a una tierra que no cumplía con lo que les habían ofrecido, lo que también implica discriminación, y decidieron ante la humillación retornar a su pueblo, en el que viven desde hace más de cuarenta años.

A los agravios y las violaciones a sus derechos, se suma la inacción de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche, que desde las 8:30 de la mañana del 13 de agosto recibió información del operativo y a la que Indignación solicitó su intervención inmediata desde esa hora.

Hasta las dos de la tarde de ese día no se había presentado a la población y los habitantes dijeron que no recibieron visita de ninguna persona de dicho organismo, a pesar de que esa comisión tiene un expediente sobre Ebulá desde mayo pasado, cuando se dio otro operativo en el que se destruyeron seis casas y se detuvo a siete pobladores, cuatro de los cuales fueron liberados al día siguiente y, los demás, bajo fianza unas semanas después.

Los pobladores de San Antonio Ebulá se han adherido a La Otra Campaña y a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, por lo que este evento está enmarcado también en el patrón de represión contra adherentes de esta iniciativa.

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