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Autoridades yucatecas, enjuiciadas por primera vez en instancia internacional

El caso de don Ricardo Ucán Seca ante la CIDH

Al admitir el caso de Ricardo Ucán Seca, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enjuicia, por primera vez, al Estado mexicano por violaciones atribuibles a autoridades del estado de Yucatán, ya que es el primer caso contra autoridades locales admitido en esa instancia internacional.
En una reunión con legisladores realizada el día de hoy, Indignación les cuestionó sobre su inacción en el caso de don Ricardo Ucán, ya que en el Congreso de Yucatán se encuentra, desde la anterior legislatura, una iniciativa de ley de indulto que todavía no ha sido dictaminada.
Indignación explicó a integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso las implicaciones de la admisión ante la CIDH y entregó de nuevo a los diputados un informe sobre el caso de don Ricardo Ucán Seca.
A finales de julio pasado, la CIDH determinó, mediante el informe 49/08, que existen elementos para entrar al fondo del asunto en el caso presentado por don Ricardo Ucán, junto con el equipo Indignación, por diversas violaciones a derechos humanos cometidas en su perjuicio durante el juicio que se le siguió por haber privado de la vida, en legítima defensa, a Bernardino Ek.
Posteriormente también se sumó a la solicitud la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”.
La CIDH consideró que hay elementos derivados de las pruebas y argumentos ofrecidos por los peticionarios que exhiben presuntas violaciones a los artículos 8.2.a, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, atribuibles al Estado mexicano, por acciones y omisiones de autoridades yucatecas.
El primero de ellos establece la obligación de dotar de intérprete traductor a cualquier procesado que así lo requiera; el segundo la garantía de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación, y el tercero la obligación que tiene el Estado de dotar de recursos judiciales efectivos que protejan a las personas de violaciones a derechos humanos.
Todos estos derechos, a criterio de la Comisión, pudieron haberse violado por acciones y omisiones de distintas autoridades ministeriales y judiciales del estado de Yucatán, que son parte del Estado mexicano.
Los argumentos ofrecidos por las organizaciones que son copeticionarias en el caso ante la CIDH, se han basado en la secuela de violaciones cometidas a don Ricardo Ucán que iniciaron desde la averiguación previa, donde careció de defensor de oficio y no le fue proporcionado intérprete traductor.
Durante el juicio de primera instancia su defensora de oficio no ofreció ninguna prueba que acreditara la legítima defensa con la que actuó don Ricardo, persistió la ausencia de intérprete traductor y la mencionada defensora tampoco ofreció conclusiones no acusatorias.
Estas violaciones persistieron durante la segunda instancia, en donde la misma defensora no presentó agravios y los magistrados de la Sala Penal, sin suplir la deficiencia de la queja –obligación establecida en el Código procesal penal del estado–, ratificaron automáticamente la sentencia de 22 años de prisión impuesta por el Juez de Tekax.
En ninguna de las instancias judiciales se hizo referencia alguna a la calidad de indígena maya de don Ricardo. Estos argumentos, a criterio de la CIDH, caracterizan posibles violaciones a derechos humanos que habrán de ser determinadas en una próxima fase.
Cabe recordar que en junio pasado, Ricardo Ucán Seca cumplió 8 años de estar privado de su libertad en el reclusorio de Tekax, Yucatán con motivo de una sentencia condenatoria emitida por el Juzgado mixto de Tekax, luego de ser detenido y sometido a un largo procedimiento penal en el que le fueron violados sus derechos más básicos.
A lo largo de todo este tiempo, Ricardo Ucán ha recibido diversas muestras de solidaridad y apoyo. Las autoridades yucatecas, por su parte, han recibido múltiples exigencias para que se le resarzan a don Ricardo los derechos violados de parte de Amnistía Internacional, la Comisión Permanente de la LIX legislatura del Congreso de la Unión, el Relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Dr. Rodolfo Stavenhagen, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” y la organización alemana Misereor, por mencionar algunos.
Ante estas solicitudes, ninguna de las tres administraciones estatales que han transcurrido desde la detención de don Ricardo –la de Víctor Cervera Pacheco, Patricio Patrón Laviada e Ivonne Ortega Pacheco–, ni tampoco las legislaturas que a lo largo de esos períodos han ido y venido han realizado ninguna acción a favor de Ricardo Ucán.
La inacción exhibida por las autoridades yucatecas en el caso de don Ricardo Ucán ha continuado las violaciones contra don Ricardo y exhibe la persistencia de discriminación hacia el pueblo maya en la acción gubernamental.
Lo anterior también denota la falsedad del discurso oficial, tanto a nivel federal como estatal, por cuanto hace a los derechos de los pueblos indígenas. Ejemplo de lo primero son los argumentos dados por el gobierno federal a la CIDH intentando minimizar las violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de don Ricardo Ucán.
En el caso de las autoridades estatales, a pesar de que publicitan la próxima emisión de una legislación en materia indígena, en la práctica siguen siendo responsables de acciones y omisiones que exhiben su franco desinterés por los derechos del pueblo maya.

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