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Nuestro consejo: Otro Congreso

Equipo Indignación A.C.

Una reforma electoral largamente exigida por distintas organizaciones de la sociedad civil, reforma que en otras circunstancias se hubiese celebrado como triunfo de la ciudadanía, está a punto de convertirse en instrumento para desintegrar un consejo e integrar otro, en una intervención concertada entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Al Equipo Indignación le parece insuficiente la discusión de si eso es legal pero ilegítimo o ilegal pero conveniente. Desde la perspectiva de los derechos humanos no acostumbramos levantar la consigna del respeto al estado de derecho como primer y único argumento, conscientes de que en el actual marco legal se sostiene este desastre de país que ha sido incapaz de garantizar los derechos elementales a la mayoría de la población, pero ciertamente los servidores públicos están obligados a cumplirlo y tienen responsabilidades precisas al romperlo.
Advertimos las contradicciones y riesgos que este momento exhibe: Los consejeros electorales son fruto de una cuestionada insaculación que fue responsabilidad del poder legislativo y de un marco legal inapropiado, también responsabilidad del poder legislativo.
Quienes integramos el Equipo Indignación estamos convencidas y convencidos de que necesitamos otro Congreso y, más aún, otra constitución; es decir, otro país.
Por otra parte, la actuación de los consejeros ha sido cuestionada a través de algunos medios de comunicación, pero no ha sido juzgada y, en su caso, sancionada a través de las instancias pertinentes. Es decir que, de hecho, el Congreso está destituyendo a los Consejeros sin tener facultades para ello.
Esto pone enfrente un enorme riesgo que el Equipo Indignación se ve obligado a señalar: ¿Estará cualquier consejo al arbitrio de otros poderes? ¿Qué certeza tendrá ahora la ciudadanía con respecto a cualquier consejo electoral, dado que puede desaparecerlo una acción concertada entre otros poderes formales e informales? Preguntas necesarias en este tiempo que parece querer regresar a enero de 2001.
El Congreso no ha abierto un proceso para dar a conocer la iniciativa de reforma electoral y enriquecerla con opiniones de distintas organizaciones ciudadanas, lo que contradice la intención de presumirla como iniciativa popular. La prisa que impone el verdadero objetivo de la reforma está evitando la consulta que la iniciativa de ley requeriría.
Este proceso también ha exhibido la gran influencia que la Coparmex tiene en el Ejecutivo del Estado. Este tiempo de confusas argumentaciones exhibe cuánto falta para lograr un país que garantice el respeto a todos los derechos de todas las personas.

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