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La Codhey intenta concluir expedientes arbitrariamente

2 de julio de 2002

A escasos días de que el Congreso designe a la persona que presidirá la Codhey, este organismo público de defensa de los derechos humanos intenta “archivar como concluidos” expedientes que se encuentran en trámite ante esa institución.
Al menos a dos personas cuyas quejas acompaña el Equipo Indignación se les han dirigido sendos oficios por medio de los cuales la Codhey los emplaza arbitrariamente a presentar pruebas que sustentes sus dichos o a considerar como concluidos sus expedientes.
En ambos casos la Codhey sustenta dicha acción en un artículo de su reglamento interior que se refiere a la conclusión de expedientes por “falta de interés del quejoso”, a pesar de que dichos quejosos presentaron su queja, la ratificaron oportunamente, acudieron a la Codhey cuando fueron requeridos por ese organismo y presentaron escritos dando respuesta a los informes que rindieron las autoridades presuntamente responsables de violar sus derechos.
Ante esta arbitraria e irregular actuación de la Codhey y considerando la gravedad que reviste el hecho de que el propio organismo encargado de defender los derechos humanos obstaculice el proceso de investigación y de las quejas y dilate su conclusión, el Equipo Indignación presentó el día de hoy una queja ante la Contraloría General del Estado de Yucatán a fin de que se investigue si el presidente provisional de la Codhey incurrió en alguna falta administrativa y, de ser así, se apliquen las sanciones previstas por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán teniendo en cuenta la gravedad del hecho.
Los oficios mediante los cuales se emplaza arbitrariamente a al menos dos quejosos están firmados por el director de procedimientos, Lic. Armando Durán Coello, propuesto como candidato para ocupar el cargo de presidente de la Codhey. El oficio pone en entredicho el legítimo interés de esta persona por defender los derechos humanos de las personas que acuden a presentar quejas contra servidores públicos.
El actual presidente provisional es responsable, en última instancia, de esta acción de la Codhey. La Secretaría de la Contraloría tendrá que determinar el grado de responsabilidad que tuvieron en esta irregularidad el presidente provisional así como el director de procedimientos y determinar qué sanciones ameritan.

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