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La nueva Ley responde a demandas rechazadas por casi una década

Opinión de Indignación sobre la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán

El pasado 15 de mayo la LVI legislatura local aprobó la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, ley que recoge importantes demandas de la sociedad y que, entre otras cosas, dota de autonomía presupuestaria y de gestión a la Codhey; establece que la designación de su Presidente la hará el Congreso, por mayoría calificada, a propuesta de organizaciones civiles y que este organismo contará con un Consejo ciudadano.
El Ejecutivo ya no participará, como ocurría antes, en el proceso de selección del titular, participación que pervertía la función del ombudsman.
El Equipo Indignación considera que son importantes los avances contenidos en esta nueva ley.
De manera particular hacemos un reconocimiento a los y las integrantes del Congreso Local que favorecieron en este proceso el diálogo con la sociedad, que recogieron las propuestas presentadas por organismos civiles y que hicieron pública la iniciativa para recibir sugerencias antes de votarla. Nos parece que este ejercicio legislativo sienta un precedente de apertura y participación y aleja la imagen de autoritarismo y cerrazón que caracterizó a pasadas legislaturas.
Lamentamos que el voto de la fracción priísta evitara la reforma constitucional que hubiera dado mayor fortaleza y certeza jurídica a la ley. El proceso que se desarrolló desde septiembre a raíz del foro convocado por el Congreso sobre la Codhey, aun cuando nos llegó a parecer prolongado y lento, permitía esperar un consenso a la hora de aprobar la reforma constitucional y la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado ya que en ese largo proceso participaron las tres fracciones parlamentarias representadas en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.
Comienza ahora un proceso igualmente intenso para designar a la persona que ocupará la presidencia de la Codhey y a quienes conformarán el Consejo Ciudadano. Hacer el proceso lo más público y transparente posible será el mejor aval que podrá tener quien resulte seleccionado o seleccionada para presidir este organismo de protección de los derechos humanos. Aun cuando los requisitos que la ley establece son mínimos, esta legislatura está comprometida a elegir a una persona cuya trayectoria garantice a la sociedad la protección y la defensa de sus derechos. Hacemos votos por que los legisladores y legisladoras respondan a esta importante tarea con responsabilidad.
La legislatura ha dado respuesta, con la Ley recién aprobada, a una demanda que desde hace casi una década planteábamos distintas organizaciones, con lo que se atiende uno de los rezagos legislativos en Yucatán en materia de derechos humanos.
Las urgencias, sin embargo, son muchas: tipificar la tortura como delito, reconocer plenamente los derechos de los pueblos indios, modificar la ley orgánica de los municipios, tipificar la discriminación, son algunas de ellas. Poner el tiempo y la voluntad a favor de la causa de la justicia y de los derechos humanos es el reto de la actual legislatura.

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